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Consumo Castilla y León
Consumo Castilla y León
La Inspección de Consumo de la Comunidad de Castilla y León tiene como misión velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de los consumidores, sin perjuicio de las actividades inspectoras que se lleven a cabo por otros servicios de inspección. A tal fin, la Inspección de Consumo, en el ámbito de sus competencias, vigila y controla los bienes de consumo, así como los servicios que se prestan a los usuarios, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de los empresarios y profesionales en su relación con los consumidores y usuarios. En este apartado se muestran las actividades que desarrolla la Inspección de Consumo en la vigilancia y control de bienes y servicios.
La Inspección de Consumo dispone del Plan de vigilancia del mercado y control oficial de Castilla y León en materia de Consumo - 2024 (1.192 kbytes) , para una mejor defensa de consumidores y usuarios y una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Las actividades de vigilancia y control se realizan primordialmente a través de actividades programadas y, en su caso, ante situaciones imprevisibles, mediante actividades no programadas. Dentro de las actividades programadas se encuentran las acciones de carácter básico y permanente mediante un control sistemático de mercado y también las enfocadas a sectores concretos en un tiempo determinado, formalizadas a través de campañas específicas de vigilancia y control. Las actuaciones de control están dirigidas tanto al comercio presencial como a la venta a distancia, entre la que se encuentra el comercio electrónico.
En la ejecución de las actividades de vigilancia y control, la Inspección de Consumo utiliza de forma habitual protocolos de inspección, que de forma estructurada ayudan a la realización los controles pretendidos, garantizando que todas las actuaciones de realicen de una manera uniforme y con una calidad elevada constante. Los protocolos se confeccionan en base a los requisitos y exigencias legales o reglamentarias establecidas. Estos protocolos pueden, por otra parte, ser utilizados por los empresarios como un sistema de autoevaluación que les permita verificar de forma interna el grado de cumplimiento de la empresa respecto a la normativa de protección de los consumidores y usuarios.